La intervención realizada por Conagua en el rancho El Saucito no solo genera dudas, sino que pone en evidencia una preocupante falta de respeto hacia el marco legal y los derechos constitucionales. Román Alcántar, director local de Conagua, insiste en que se trató de un procedimiento administrativo ajustado a la ley, pero la realidad muestra otra cara: la existencia de un amparo que impedía la intervención fue ignorada o desconocida al momento de la acción.
Es inaceptable que una institución pública, encargada de administrar uno de los recursos más valiosos del país, actúe sin la debida diligencia legal. La suspensión inmediata de la destrucción de las presas tras notificarles sobre el amparo no puede ser un simple acto para “corregir” una irregularidad; es la evidencia clara de que Conagua pisoteó derechos y protocolos básicos que garantizan la justicia y el orden.
Además, esta actitud pone en entredicho la legitimidad del organismo y alimenta la desconfianza ciudadana sobre la transparencia y el apego a la ley en la gestión del agua. En un país donde los recursos naturales son objeto constante de disputas, la Conagua no puede permitirse actuar con arbitrariedad, menos aún cuando existen medidas judiciales que buscan evitar daños o proteger intereses legítimos.
Por otro lado, si bien es cierto que el rancho El Saucito presenta problemas de abandono y mal manejo de agua, eso no justifica que la autoridad omita procedimientos legales básicos para actuar. La ley y la Constitución deben ser la guía y el límite para cualquier actuación pública, no un obstáculo que se pase por alto cuando conviene.
Este episodio debe ser un llamado urgente a reforzar los mecanismos de control y supervisión en Conagua, para que no vuelva a repetirse un atropello como este. La defensa del agua y su correcta administración solo será posible si las instituciones actúan con transparencia, respeto al derecho y compromiso genuino con la justicia.
Conagua tiene la responsabilidad de rendir cuentas, corregir sus errores y recuperar la confianza de la sociedad. Ignorar un amparo no es un simple descuido: es una falta grave que debe ser atendida con toda seriedad.
